Aunque la labor parlamentaria no ha iniciado todavía su función específica -la de estudiar las leyes que el país necesita- pues se tuvo que abocar previamente a otra índole eminentemente política, como fue la elección del Presidente, ya se deja ver que tampoco en las semanas venideras habrá trabajo propiamente legislativo.
Por un lado, las principales bancadas que fueron las que nominaron al Presidente interino, paradójicamente han declarado su “independencia” con respecto a él, lo que hace presumir que se dedicarán a vigilar su actuación y a criticar sus decisiones, en ejercicio no solamente del derecho reconocido, sino más que todo por hacer política preelectoral, con miras al nuevo plebiscito señalado para mayo próximo con objeto de elegir al Ejecutivo. Pero, además, habrá también la actuación de los grupos minoritarios, con escasa pero agresiva representación en la Cámara baja, que ya anuncian -por lo menos uno- procedimientos demagógicos como el anunciado juicio de responsabilidades a un ex-mandatario o la solicitud de salarios mínimos irreales.
Será una lástima, porque con las tales actuaciones, se insumirán horas y horas de sesiones, que dudamos que sean televisadas por razón de higiene mental o de previsión política; y sólo se logrará dejar problemas más urgentes para tratarse en las reuniones finales de la legislatura ordinaria, con el apuro característico de otras ocasiones, en que habiéndose dilapidado el tiempo durante muchas semanas, se ataca el fajo de proyectos que irá acumulándose en las Comisiones y en la Secretaría de la Cámara, sin seriedad, con prisa y, a veces, con la certeza de un veto del Ejecutivo.
Si entre los miembros del actual Congreso, en uno u otro grupo político, hubiese elementos de peso político con preparación jurídica y parlamentaria, lo ideal fuera que se pergeñase una especie de programa de actuaciones, no para lucir cualidades oratorias o para dar espectáculos deprimentes, sino para distribuir el trabajo en provecho del país y de sus regiones. Puesto que aún no estamos preparados para el funcionamiento de Cámaras funcionales, habría que ver la posibilidad de distribuir las sesiones para la consideración de proyectos de leyes indispensables -como la reforma del Estatuto Electoral o la sanción de la Ley de los Partidos Políticos-; para estudiar las reformas de la constitución que fuesen necesarias, dentro del mecanismo que la propia Carta Magna tiene previsto; inclusive para pedir informes a los Ministros, acerca de la situación de los entes fiscales tan venidos a menos, o sobre sus ideas para abordar la crisis que, indudablemente, vive el país todo.
Ya que estamos reestrenando la democracia, todos deseamos que se lo haga con seriedad y patriotismo, sin caer en los vicios que tanto se echaron en cara a otros parlamentarios y a otros regímenes. Y si ese es el deseo de toda la opinión pública, debería ser también el deber de los miembros del Poder Legislativo, que tienen en sus manos la posibilidad de hacer de él una institución respetable y de utilidad para la Nación. Lo contrario sólo perjudicaría a la clase política, pues el pueblo siempre tendría modos de hacerse oír, de hacerse representar.
Publicado el 13 de agosto de 1979 como editorial en EL MUNDO.
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