Defendiendo a los técnicos honestos

 

Casi al inicio de nuestra actividad editorial, tratamos en un comentario de esta columna el problema de la defensa de nuestras riquezas ecológicas, gravemente amenazadas por cacerías despiadadas, por talas criminales, por manejos irresponsables. Nos hacíamos a la idea de que una campaña por la defensa del medio ambiente debería movilizar a instituciones, autoridades y científicos, en procura de resultados durables y de concientización profunda de la opinión.

Creemos que, en parte, algo se ha logrado en ese terreno. Pero ese resultado parcial, podría desatar -y hay señales de tormenta en el horizonte- una saña persecutoria que es necesario atajar en ciernes. Nos referimos a la actitud que asumen, consubstanciados con su medio, los técnicos que trabajan en reparticiones oficiales, que se oponen a las medidas injustificables, que informan negativamente solicitudes ilegales o perjudiciales, que juegan su posición por ser leales con su pueblo y consigo mismos. Sobre ellos pende la espada de la venganza de los que se sienten burlados en sus apetitos y, a veces, la de sus propios superiores que, ajenos a la realidad, no comprenden o no quieren entender las razones de sus subalternos.

Por un lado, queremos en esta columna felicitar a esos empleados del Estado que, dando prueba de una madurez encomiable, tienen suficiente coraje para decir que no a las proposiciones indebidas que les someten a su juicio técnico. Y no nos referimos ahora a casos extremos, a rechazos dignos ante proposiciones no santas. Sólo hablamos de la honestidad intelectual y funcionaria de quienes estudian desapasionadamente el caso que les proponen, lo comparan con las disposiciones legales que rigen la materia y, fundamentalmente, lo colocan en la realidad del ambiente natural para dar su opinión científica.

Pero por otro lado, se sabe que hay amenazas indirectas, disposiciones de orden interno en las reparticiones fiscales, investigaciones traídas de los cabellos y un sin fin de vedados medios de presión o de venganza, para "castigar" a quienes interpusieron su valor civil en el camino de los negociados y, por lo menos temporalmente, los evitaron. Un traslado inopinado, a veces equivale a la destitución. Una comisión de difícil cumplimiento, puede dar lugar a una reglamentaria sanción. El "olvido con acuerdo" de todo lo que provenga de una determinada oficina, redunda al poco tiempo en situaciones insoportables.

El mismo hecho de que la administración pública en sus niveles más elevados está pasando por un lapso de transición inevitable, se presta a juegos sucios contra el personal subalterno, en otra época diferente, tendría a su favor el estatuto de inamovilidad alcanzado hace pocos años. Nadie va a responder, después del 6 de agosto, por desafueros que cometan los jerarcas que están de ida.

Por eso creemos que es oportuno señalar el peligro y levantar una valla para impedirlo. La estabilidad de los funcionarios técnicos que trabajan en instituciones del Estado, por lo mismo que han demostrado patriotismo y honestidad, debe ser celosamente resguardada por la opinión pública.

Publicado el 13 de julio de 1979 como editorial en EL MUNDO.