¿Podrán crearse las condiciones políticas para diseñar un programa de recuperación económica que sea una respuesta viable y eficaz a la situación crítica de nuestra economía, de tal forma que se asegure una distribución equitativa de los costos y beneficios?
Esa pregunta debe recibir una respuesta afirmativa por quienes hasta ahora se encuentran en función de Gobierno. Lo contrario significaría que sólo la cínica ambición de poder les mantiene en sus actuales posiciones. Debe encontrarse impostergablemente una fórmula política y un plan de acción coherente de parte del Gobierno para salvar la crisis sin traumas ni sacrificios inútiles.
El hecho evidente, irrefutable, es que el programa económico que se debe poner en vigencia es primordialmente un problema político y secundariamente un problema técnico. Ésta es la razón por la que, en el tiempo que lleva el actual Gabinete en funciones de Gobierno, integrado fundamentalmente por tecnócratas, no se ha podido plantear la solución eminentemente política, transaccional que requiere la solución de nuestros apremiantes problemas económicos. Precisamente porque no tienen en sus manos la evaluación de los costos políticos que entraña cualquier solución, ni tampoco los beneficios que a ella se pueden asociar en el futuro.
La situación actual no admite más postergaciones; por lo tanto, la dilación y el inmovilismo es una estrategia invalidada por la urgencia de la crisis, que reclama negociaciones arduas y medidas concretas que cuenten con el mayor consenso posible.
Estamos pues, frente a dos alternativas: o el desastre económico sepulta al nuevo poder civil que trata de emerger constitucionalmente en la vida política nacional o, por el contrario, los grupos civiles más esclarecidos y representativos acuerdan un programa económico realista con una gran cobertura política.
Frente a esta disyuntiva, la participación del poder sindical y de los empresarios privados es fundamental. Ambos constituyen las fuerzas motrices básicas de la economía y por lo tanto deben tener una participación efectiva en las decisiones económicas que deben adoptarse a breve plazo. Cualquier otro arreglo que desconozca estos intereses, sólo desestabilizaría el esquema político que se está tratando de consolidar.
Quienes a nuestro juicio deben conducir estos acuerdos, no son otros que las principales fuerzas políticas que actualmente dominan el Congreso, y en este empeño debe quedar patente la capacidad negociadora del poder civil para responder al desafío de la presente coyuntura socioeconómica.
La participación de uno sólo de estos intereses sociales -trabajadores o empresarios- no sería garantía para el que queda excluido. La solución nacional se encuentra en la posibilidad de que ambas partes asuman sus responsabilidades equitativamente con un pacto que permita al país controlar la inflación, equilibrar la balanza de pagos y proteger su crédito internacional cumpliendo con sus compromisos externos.
Sin estas garantías de estabilidad, la nación puede verse sometida a convulsiones políticas que nos hacen ver el futuro con aprensión.
Publicado el 29 de septiembre de 1979 como editorial en EL MUNDO.
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