En los últimos días se ha hecho pública la denuncia de una determinación oficial que significa la autorización para diezmar el bosque de especies animales, cuyas pieles despiertan el afán de lucro de gentes sin principios. Poco antes, la protesta se alzaba en contra de la depredación de la flora. Más atrás la opinión de la prensa señalaba cuantiosos contrabandos, ora de pieles, ora de maderas. Si nos trasladamos al otro extremo del país, a la zona del altiplano y los altos lagos, recordaremos que allí también se lamenta la casi total extinción de la vicuña, la desaparición ya irremediable de la chinchilla, el exterminio de los peces mediante artilugios vedados.
Aunque nuestro país no está todavía sometido a los efectos de la contaminación ambiental que se da en las regiones densamente industrializadas, el hecho de que sea un territorio casi virgen, lo hace presa fácil de comerciantes inescrupulosos, que no solamente atentan contra la naturaleza, sino que aprovechan descaradamente de las condiciones de pobreza de nuestros campesinos.
Loros y monos, exportados vivos para fines de investigación; felinos y saurios, cazados sin piedad tras de sus cueros; carnívoros que defienden el campo de los roedores dañinos o insectívoros que limpian de bichos el bosque o la sabana; peces muertos con dinamita o envenenados con barbasco, son parte de la lista interminable de especies perseguidas, explotadas sin orden ni razón.
Hace años que se conoce que cada ser de la naturaleza tiene una misión y que el equilibrio ecológico, una vez roto difícilmente se recobra. El ejemplo de las palometas que llegaron a nuestros ríos de paseo tras la caza masiva de los caimanes; o el de los ratones campesinos que hicieron de las suyas en el Beni porque ya no había los gatos monteses que los mantenían a raya, son casos que nos tocan de cerca y debieran servirnos de alerta.
Resulta risible, si no fuera trágico, que por percibir veinte pesos de "derecho de caza" de un zorro, o dos pesos por igual "derecho" de un pení, se dé autoridad legal para matar 40.000 zorros o 20.000 iguanas, como si esos animales estuviesen sobrando en nuestros montes. Y qué decir de gatos monteses, y de londras ya casi inexistentes, de jaguares legendarios...
Aún peor, saber que al mismo tiempo que se suscriben autorizaciones para la matanza, otros sectores del Ejecutivo firman convenios de salvaguarda del medio o de investigación científica del potencial ictiológico del Titicaca. O hay unidad de criterios o hay irresponsabilidad rayana en el absurdo.
Que sea ésta la ocasión para pedir a los organismos creados para defender el ambiente y no para explotarlo, una acción enérgica contra la depredación pero también una campaña sostenida de educación sobre los temas ecológicos. El cronista recuerda ahora la conversación mantenida no hace mucho con un coterráneo, figura destacada en las áreas de la investigación científica, que sugería la organización de reservas de aquellas especies solicitadas por los laboratorios, no sólo como un modo de preservarlas, sino también como un medio de apoyar económicamente al campesino que ahora recibe la centésima parte, o menos, de lo que el científico paga, por ejemplo, por un primate de investigación.
Ojalá que la noble grita que ha hecho anular unas resoluciones a todas luces perjudiciales para la Nación, no se apague con tan fácil logro. La campaña por la defensa del ambiente, debería movilizar a instituciones, autoridades y científicos, en procura de resultados más durables y de concientización más profunda.
Publicado el 20 de junio de 1979 como editorial en EL MUNDO.
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