Desde que EL MUNDO comenzó su tarea informativa, que para nosotros es un servicio a los más altos intereses de la comunidad, señalamos como una constante de ella la defensa del medio ambiente, gravemente amenazado por la irracional explotación de nuestras riquezas naturales. Por ello, no podemos menos que saludar con aplausos la creación de un Comité de Defensa de los Recursos Naturales, de la que hemos dado cuenta en nuestras ediciones de días pasados.
Como han denunciado los responsables del nuevo organismo, la explotación de animales vivos —monos y loros, especialmente, pero también otras aves, mamíferos y saurios— se hace prácticamente sin ningún control que no sea el esmirriado pago de "derechos de caza" y, lo que es peor, sin la menor idea de precautelar una riqueza de la que no nos damos cuenta. Ya sugerimos, en otra nota editorial, la posibilidad de crear reservas donde puedan cuidarse especies que son indispensables para la investigación científica y que, por lo mismo, deben ser administradas cuidadosamente por razones ecológicas y hasta económicas.
Curiosamente, o para hacer más notoria la oportunidad de la creación del Comité de Defensa de los Recursos Naturales, en la misma edición en que damos cuenta de ésta, se registra la marcha atrás que ha impuesto el Gobierno en su disposición de cautela de la fauna que le arrancaron —se nota que bien a desgano— no hace mucho, a raíz de escandaloso contrabando. En efecto, con la pía razón de que el lagarto estaría "en peligro menor de extinción" y con la menos espiritual de que las curtiembres de pieles de saurio son industrias que merecen más protección que los bichos, se ha dictado Decreto que, constituyendo primero una comisión de estudio acerca de si la especie está o no en peligro, excluye a caimanes, lagartos y jausis de la protección antes decretada, pues según la burocrática inteligencia, "la futura política gubernamental sobre el particular para el aprovechamiento de esta especie" se determinará después de una despiadada cacería que, por ahora, tiene plazo de cinco meses pero que, conociendo lo que son las comisiones, ya podemos ampliar hasta las calendas griegas.
(Lo que no se aplica —valga la aclaración con otro ejemplo que surge en la misma edición del diario— para el caso de la instalación de una industria recomendada por la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, que quedará postergada en tanto otra comisión analice y evalúe el proyecto, que por supuesto ya estaba estudiado, aprobado y recomendado. Pero así se legisla en nuestro típico país.)
Volviendo a nuestro primer razonamiento, reiteramos las congratulaciones que enviamos a los organizadores y fundadores de la nueva entidad y les ofrecemos nuestro apoyo. Defender nuestra naturaleza, denunciar a sus depredadores y exigir de los encargados de su custodia el cumplimiento de sus deberes, será tarea común de EL MUNDO y de los ecologistas.
Publicado el 30 de julio de 1979 como editorial en EL MUNDO.

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